Resumen: Habiéndose declarado la nulidad de pleno derecho del reglamento impugnado en la STS n.º 592/2024, por la manifiesta insuficiencia del análisis de impacto económico incorporado a la MAIN y, ordenada en esa sentencia la publicación en el BOE del fallo anulatorio, cabe apreciar que el presente recurso ha quedado sin objeto, al haber sido definitivamente expulsado del ordenamiento jurídico el mencionado reglamento.
Resumen: La Sala aprecia que, habiéndose declarado la nulidad de pleno derecho del reglamento impugnado en la STS n.º 592/2024 -que se reproduce en lo sustancial- por la manifiesta insuficiencia del análisis de impacto económico incorporado a la MAIN y, ordenada en esa sentencia la publicación en el BOE del fallo anulatorio, el presente recurso ha quedado sin objeto, al haber sido definitivamente expulsado del ordenamiento jurídico el mencionado reglamento.
Resumen: Se estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Orden TED/490/2022, de 31 de mayo, por la que se ejecuta la sentencia del Tribunal Supremo en relación con la declaración de lesividad para el interés público de la Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la retribución. La Sala se sirve de precedentes que se han pronunciado sobrfe las dos cuestiones planteadas en el presente recurso, ordenando al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que apruebe una nueva orden que calcule correctamente el valor de los citados parámetros y, a sus resultas, la Retribución 2016, con arreglo a la información contable resultante de las cuentas anuales del ejercicio 2014, que fueron depositadas por Hidrocantábrico Distribución Eléctrica S.A.U. en el Registro Mercantil el 17 de julio de 2020 y, por añadidura, empleando el valor del parámetro lambda que resulta de la correcta aplicación del Anexo VII de la Orden IET/2660/2015, en la redacción que le fue dada por la Orden TEC/490/2019. La valoración de los activos a 31 de diciembre de 2014 debe efectuarse de acuerdo con los ETAM consignados en las cuentas anuales de las empresas, en este caso con las cuentas reformuladas de Hidrocantábrico Distribución Eléctrica de dicho año, que son las únicas existentes, sin que el criterio de la suficiencia de la retribución reconocida a partir de unos datos de unas cuentas que han perdido vigencia.
Resumen: La Sala Tercera del TS aprecia en el presente caso que, habiéndose declarado la nulidad de pleno derecho del reglamento impugnado en la STS n.º 592/2024 -que se reproduce en lo sustancial- por la manifiesta insuficiencia del análisis de impacto económico incorporado a la MAIN y, ordenada en esa sentencia la publicación en el BOE del fallo anulatorio, el presente recurso ha quedado sin objeto, al haber sido definitivamente expulsado del ordenamiento jurídico el mencionado reglamento.
Resumen: Promoción por parte del interesado de la tasación pericial contradictoria al estar disconforme con el valor comprobado por la Administración y dictado el acuerdo de liquidación. Impugnación de una liquidación, frente a la cual no puede prevalecer el informe del perito del obligado tributario, al tener que aceptar el criterio de un tercer perito, un perito independiente. Aplicación, legalmente querida, del principio conforme al que no es lícito venir o alzarse contra los actos propios, que significa la vinculación del autor de una declaración de voluntad, incluida la tácita, al sentido objetivo de la misma. Si no se realiza el depósito de honorarios del perito tercero, ello implica conforme el artículo 135.3, párrafo 4º, LGT, la aceptación de la valoración realizada por el perito de la otra parte, lo cual impide que el contribuyente pueda cuestionar, en la vía judicial, el hecho del valor que ha servido de base al acuerdo de liquidación.
Resumen: Ha lugar al recurso de casación interpuesto por la administración frente a sentencia relativa a la competencia para limpieza de Equipos de Protección Individual (EPIs). El TS sigue reciente precedente en la Sala en observancia del principio de seguridad jurídica y de tutela judicial efectiva para dar respuesta a la cuestión de interés casacional objetivo: que la limpieza y desinfección de equipos de protección individual como los examinados en el presente caso entra dentro de las funciones de los Auxiliares de Enfermería.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de las solicitudes de indemnización por responsabilidad patrimonial derivada de las medidas adoptadas para evitar la propagación del Covid-19 presentadas ante la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma de Valencia. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: En interpretación del artículo 33.5.c) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no procede computar, a efectos de este impuesto, las pérdidas patrimoniales declaradas debidas a transmisiones lucrativas por actos inter vivos o liberalidades, aunque en unidad de acto se computen las ganancias patrimoniales también declaradas, derivadas de ese mismo tipo de transmisiones.
